Hace unos días, antes de que las Cortes aprobaran la reforma constitucional y la Ley Orgánica que la complementa, le escribí una carta en la que, considerando la enorme importancia de la medida que se iba a discutir en las Cortes españolas, le pedía que en caso de que se aprobara, usted permitiera con su voto que tal medida fuera sometida a un referéndum para su ratificación, tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución. Colgué tal carta en la red y, con la ayuda de Actuable, en pocos días casi 150.000 ciudadanos añadieron su firma a tal petición. Desde entonces, la respuesta ha sido enorme. Y las encuestas muestran que la gran mayoría de la ciudadanía española es partidaria de que haya un referéndum que le permita no sólo dar su opinión, sino decidir sobre tal medida, pues, como señala la Constitución, tal referéndum sería vinculante.
Ahora, cuando la reforma constitucional ha sido aprobada por las Cortes, es más necesario que nunca que sea refrendada –bien aprobada, bien rechazada– por la ciudadanía española de la cual deriva todo el poder que tienen las Cortes en su responsabilidad delegada. Cuando un ciudadano vota a una opción política, lo hace en base a su programa electoral. Si una medida de tal envergadura es aprobada por mayoría en las Cortes por miembros de partidos políticos, cuando ninguno de ellos había propuesto esta medida en su programa electoral, esta debiera ser refrendada por la ciudadanía. Tiene que ofrecérsele a esta una oportunidad para expresar su deseo y mandato, pues forzándole sólo a que exprese su oposición o aprobación a tal medida en las próximas elecciones es –espero que usted esté de acuerdo– tener una visión excesivamente limitada y reduccionista de lo que es democracia. El escaso desarrollo de referendos en España, no sólo a nivel central, sino también autonómico y local, parece reflejar un temor a la ciudadanía que no puede justificarse, como lo ha hecho uno de los escritores de la Constitución en unas declaraciones recientes, en base a querer evitar el ejemplo de los plebiscitos durante la dictadura. La homologación de referendos en democracia con plebiscitos bajo la dictadura es, además de ofensivo para la democracia, ignorar y/o confundir la enorme diferencia entre participación ciudadana en una democracia e imposición de una medida gubernamental en una dictadura.
De ahí que no permitir a la ciudadanía que decida en una materia de tal trascendencia es contribuir a la percepción, ampliamente sostenida, de que existe una enorme distancia en España entre los gobernantes y los gobernados. Usted habrá leído que, según las encuestas, la clase política es el tercer problema que la población española indica que existe en España. Admitirá, pues, que ello es un síntoma de que algo no funciona suficientemente bien en nuestra democracia, percibiéndose a los representantes limitados en su representatividad, excesivamente influenciados por intereses ajenos a los de la ciudadanía a la que representa. La toma de decisiones ahora que afectan enormemente a la vida de los ciudadanos, sin haber estos sido consultados, sería un error enorme que aumentaría, todavía más, esta distancia entre gobernantes y gobernados que, según la ciudadanía, existe en la insuficiente y limitada democracia española.
La democracia ha costado muchísimo en España. La democracia no fue, como sectores conservadores señalan, una democracia otorgada, sino una democracia ganada por la presión popular. Costó mucho llegar a donde estamos y no podemos permitirnos que se desacredite y se deslegitime la democracia existente. Cuando usted vote, en un momento histórico, para permitir que haya o no un referéndum, piense por un momento en los miles y miles de españoles fusilados, torturados, prisioneros y exiliados para que usted tenga el honor de representar al pueblo español. Pero este honor conlleva responsabilidades. Y una de ellas no puede ser que usted vote en contra de permitir al pueblo español que sea consultado y sea él el que decida.
Permítame, por último, una nota de aclaración que incluí en el preámbulo de mi carta anterior. Algunos defensores de la medida aprobada niegan que, en sí, la reducción del déficit del Estado que se exige en la medida aprobada afecte negativamente el Estado del bienestar de los españoles. Pero la experiencia histórica muestra que ello será así. Cuando las Cortes españolas decidieron la integración de España en la eurozona, se acordó llevar a cabo el mandato de Maastricht, que exigía que el déficit público del Estado fuera menos de un 3% del PIB. En sí, esta medida no tenía por qué afectar negativamente al bienestar de la población española, pues la reducción del déficit no tiene por qué disminuir el gasto público (la mayoría del cual es gasto social) o incluso evitar su expansión. Los impuestos, por ejemplo, pueden aumentarse, reduciéndose el déficit, y, si los ingresos al Estado se incrementan notablemente, se puede, incluso, aumentar el gasto público social.
Esto es la teoría. Pero, en la práctica, la solución que se escogió fue reducir el gasto público, incluyendo el social. España, que tenía y continúa teniendo el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 en 1993, cuando se iniciaron las medidas de reducción del déficit, vio aumentar su déficit de gasto público social (medido por la diferencia existente de gasto público social per cápita entre España y el promedio de la UE-15) de una manera muy notable. Y lo mismo está ocurriendo ahora. De ahí que tal medida impedirá corregir el enorme déficit social de España. Es probable que usted tenga otra opinión sobre ello. Y respeto su postura. Pero no puede negar la necesidad imperiosa en una democracia de que tal medida se debata y sea aprobada por la ciudadanía de la cual deriva su poder delegado. Espero que en esto esté de acuerdo.
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